La ley es la ley, y debe ser de obligado cumplimiento para todos, sin excepciones. Y la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas establece un precio fijo para los libros que ni el propio editor puede rebajar más allá del 5% estipulado por la propia disposición legal. El artículo relativo al precio fijo del libro fue dictado con el objetivo de proteger a libreros y editores, que creen ver de esta manera salvaguardada su vía de ingresos (sobre todo los libreros). Y es aquí donde se encuentra la paradoja: la ley creada para la pervivencia del negocio del libro impide que el pequeño editor salve su negocio. El libro digital todavía no tiene un precio legislado. Por no tener, ni siquiera tiene un IVA que se ajuste a su definición como libro. En Francia ya hay un anteproyecto destinado a establecerle también un modelo de precio fijo. ¿Servirá para proteger a pequeñas librerías y editores de la agresiva política de ventas de Amazon o Barnes&Noble? Mucho me temo que no. Mucho hay que reflexionar y observar antes de que el legislador español entre al trapo con políticas de precios pre establecidas.
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